“Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones y programas educativos de la Educación Básica de los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19 para el año 2022”

Desde comienzos del 2020, cuando se desató mundialmente la pandemia por el coronavirus (COVID-19), se han generado diversos impactos sobre los distintos sectores y ámbitos de la sociedad. El sector Educación se vio enormemente afectado por el cierre de las escuelas en casi todo el mundo, es así que, UNESCO menciona que el cierre de escuelas enfocado en la mitigación de la propagación del COVID-19 ha tenido efectos sobre cerca de 1.6 billones de estudiantes en cerca de 190 países. Asimismo, la disrupción del servicio educativo tiene como consecuencias inmediatas la pérdida de aprendizajes y el abandono escolar; por otro lado, en el largo plazo, genera impactos negativos en casi todos los sectores como la salud, el bienestar y la protección social. Esta situación ha generado la rápida adaptación del servicio educativo en diversos aspectos para contrarrestar los efectos desfavorables del cierre de escuelas.
En nuestro país, se emitieron normativas para garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia, a fin de asegurar la continuidad educativa de las y los estudiantes. A pesar de los esfuerzos realizados por llevar el servicio educativo a todos los/las
estudiantes, según la encuesta de Semáforo Escuela Remoto, el 10% de instituciones educativas (IIEE) públicas no habrían accedido a la estrategia educativa Aprendo en casa (AeC) por ninguno de sus medios de transmisión.
Según el Sistema Alerta Escuela Remoto, aproximadamente, el 41.6% de los docentes identificó estudiantes en riesgo de abandonar los estudios; asimismo, el 7.9% identificó estudiantes que abandonaron el servicio educativo. Asimismo, en otros casos, los/las
estudiantes lograron acceder, pero no lograron avanzar en el desarrollo de las competencias establecidas. Esta situación ha generado un incremento de muchas de las brechas preexistentes en cuanto el acceso, el rendimiento y las oportunidades de aprendizaje, es decir, se ha exacerbado la inequidad en el servicio educativo.
Es importante resaltar que la escuela tiene la responsabilidad de brindar un entorno seguro a los/las estudiantes en el que pueden socializar, aprender y encontrar soporte socio emocional, y darles la oportunidad de desarrollar las competencias que les ayudarán a
desenvolverse a lo largo de la vida. En este sentido, mantener el cierre de las escuelas tiene diversas consecuencias negativas en los/las estudiantes con relación a sus aprendizajes y su desarrollo socioemocional.
Por ello para el año 2022 se dispone que todas las Instituciones y programas educativos retornen a la semipresencialidad o presencialidad, en un proceso seguro, flexible y descentralizado a la “Nueva escuela”. Bajo este enfoque y principios, se ha desarrollado la Norma XXXXXX la cual define los lineamientos y orientaciones para el retorno al servicio educativo presencial y semipresencial de todos los servicios educativos en el año escolar 2022. La presente Norma tuvo un proceso de construcción con diversos espacios de consulta con toda la comunidad educativa, incluidas familias, docentes, directivos, especialistas de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), y expertos en epidemiología del Minsa.

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Amanqay wawa

Natural de Apurímac. Profesor de Educación Primaria.